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Carolina del Norte aprueba la Ley anti-migrante más dura de EE.UU.
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Tal como ya sucedió en Florida con la ley SB1718 y en Texas con la ley SB-4, el estado de Carolina del Norte se encamina a tener su propia versión de una norma que se considera “antiinmigrante”, con el proyecto HB-10. El mismo que marcaría un antes y después en la forma en que las autoridades locales tratan los casos de personas indocumentadas que están involucradas en delitos graves. Si se aprueba, estas tendrían que ser reportadas directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El avance del proceso legislativo, que ahora está por llegar al pleno del Senado, está en el foco del debate público y ocasiona una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos, que temen que la aplicación de la ley tenga un efecto negativo en la comunidad donde viven unos 488 mil migrantes, según una estimación reciente publicada por la organización Federation for American Immigration Reform (FAIR, por sus siglas en inglés.
La House Bill 10 (HB-10) fue discutida a inicios de esta semana por el Comité de asuntos Judiciales del Senado de Carolina del Norte y, posteriormente, aprobada por el Comité de Reglas y Operaciones de la misma institución. Ahora, se espera que en cualquier momento sea puesta a votación en el pleno del legislativo estatal. En caso de ser aprobada, pasaría al escritorio del gobernador del estado, Roy Cooper, que tendría un plazo de 10 días para firmar o vetar el proyecto.
El objetivo de esta ley es obligar a que los sheriffs de Carolina del Norte reporten a los agentes de ICE la detención de personas indocumentadas que sean acusadas de crímenes como robo con violencia, tráfico de drogas y violación sexual, de manera que se pueda agilizar su deportación. No obstante, algunos activistas alertan de que esta ley podría extenderse a quienes estén relacionados con delitos menores, como infracciones de tránsito.
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El avance del proceso legislativo, que ahora está por llegar al pleno del Senado, está en el foco del debate público y ocasiona una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos, que temen que la aplicación de la ley tenga un efecto negativo en la comunidad donde viven unos 488 mil migrantes, según una estimación reciente publicada por la organización Federation for American Immigration Reform (FAIR, por sus siglas en inglés.
La House Bill 10 (HB-10) fue discutida a inicios de esta semana por el Comité de asuntos Judiciales del Senado de Carolina del Norte y, posteriormente, aprobada por el Comité de Reglas y Operaciones de la misma institución. Ahora, se espera que en cualquier momento sea puesta a votación en el pleno del legislativo estatal. En caso de ser aprobada, pasaría al escritorio del gobernador del estado, Roy Cooper, que tendría un plazo de 10 días para firmar o vetar el proyecto.
El objetivo de esta ley es obligar a que los sheriffs de Carolina del Norte reporten a los agentes de ICE la detención de personas indocumentadas que sean acusadas de crímenes como robo con violencia, tráfico de drogas y violación sexual, de manera que se pueda agilizar su deportación. No obstante, algunos activistas alertan de que esta ley podría extenderse a quienes estén relacionados con delitos menores, como infracciones de tránsito.
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