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Empresas AMENAZAN con una “FUGA MASIVA” de Cataluña ante la soberanía fiscal
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Un nuevo terremoto empresarial se avecina en Cataluña si el preacuerdo entre ERC y el PSC para sacar a Cataluña del régimen común de financiación acaba materializándose. Las empresas temen la inseguridad jurídica que el pacto fiscal puede generar.
La intención es que la Agencia Tributaria catalana asuma progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña, es decir, que gestione el 100% del IRPF, así como el IVA y el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas.
Más allá de la gestión, también contempla el traspaso de la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos cobrados en la región. La Hacienda catalana tendrá acceso a todos los datos de los contribuyentes, dando carta blanca para inspeccionar y sancionar.
Esta es una de las consecuencias que preocupan a las empresas domiciliadas en Cataluña. También la posible subida de impuestos que puede llevar a cabo la Generalitat y, en último término, la deriva política y el proceso de independencia de la región.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido en un comunicado de que el preacuerdo entre ERC y el PSC supone un "menoscabo de la seguridad jurídica para el tejido empresarial español".
Esaú Alarcón, socio de Gibernau y profesor universitario en materia tributaria y contencioso-administrativa, asegura que "evidentemente involucrar a otro organismo público en la información de particulares y empresas generará inseguridad jurídica".
A esto se suma el hecho de que el preacuerdo tiene un dudoso soporte constitucional y requeriría una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que añade incertidumbre a las empresas.
Algunas empresas verían este preacuerdo sobre la Hacienda propia como "la antesala de una futura petición de independencia de Cataluña y salida de la UE", apunta Esaú Alarcón. En este sentido, advierte de que "puede haber una fuga masiva de empresas y particulares".
Desde finales de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum por la independencia de la región, son ya más de 10.000 las empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña a otra comunidad autónoma. Los movimientos de sedes fiscales no son públicos, pero lo habitual es que vayan de la mano.
En el mismo periodo han aterrizado en la región desde otros puntos de España un total de 4.761. Es decir, la pérdida neta asciende ya a 5.355. La gran 'fuga' se produjo en el cuarto trimestre de 2017, cuando 2.536 empresas sacaron de Cataluña su sede social, frente a las 548 que se instalaron.
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AVISO IMPORTANTE: Este canal es meramente informativo y no se apoyan ni se realiza ningún tipo de apología al terrçrrismç, viçlencia de género, racismo, xenofovía o cualquier otro tipo de discriminación o viçlencia.
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Intervenciones de los principales líderes políticos: Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Cayetána Álvarez de Toledo, Rocío Monasterio, Toni Cantó, Girauta, Gabriel Rufián, Pedro Sánchez, Javier Ortega Smith, Pablo Iglesias, Irene Montero, Jose Luis Martínez Almeida, Feijóo, Yolanda Díaz, Ursula Von Der Leyen, Europa, etc.
Vídeos de los principales partidos: VOX, PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, Junts, ERC, PdeCAT, BILDU, Sumar, etc.
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Más allá de la gestión, también contempla el traspaso de la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos cobrados en la región. La Hacienda catalana tendrá acceso a todos los datos de los contribuyentes, dando carta blanca para inspeccionar y sancionar.
Esta es una de las consecuencias que preocupan a las empresas domiciliadas en Cataluña. También la posible subida de impuestos que puede llevar a cabo la Generalitat y, en último término, la deriva política y el proceso de independencia de la región.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido en un comunicado de que el preacuerdo entre ERC y el PSC supone un "menoscabo de la seguridad jurídica para el tejido empresarial español".
Esaú Alarcón, socio de Gibernau y profesor universitario en materia tributaria y contencioso-administrativa, asegura que "evidentemente involucrar a otro organismo público en la información de particulares y empresas generará inseguridad jurídica".
A esto se suma el hecho de que el preacuerdo tiene un dudoso soporte constitucional y requeriría una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que añade incertidumbre a las empresas.
Algunas empresas verían este preacuerdo sobre la Hacienda propia como "la antesala de una futura petición de independencia de Cataluña y salida de la UE", apunta Esaú Alarcón. En este sentido, advierte de que "puede haber una fuga masiva de empresas y particulares".
Desde finales de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum por la independencia de la región, son ya más de 10.000 las empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña a otra comunidad autónoma. Los movimientos de sedes fiscales no son públicos, pero lo habitual es que vayan de la mano.
En el mismo periodo han aterrizado en la región desde otros puntos de España un total de 4.761. Es decir, la pérdida neta asciende ya a 5.355. La gran 'fuga' se produjo en el cuarto trimestre de 2017, cuando 2.536 empresas sacaron de Cataluña su sede social, frente a las 548 que se instalaron.
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