Triángulo Norte Migrantes

Audiencia pública: Denuncias sobre violencia e inseguridad de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo retornados a países del Triángulo Norte

164 Periodo Extraordinario de Sesiones en México
Miércoles 6 de septiembre de 2017

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron que la migración desde los países que integran el Triángulo Norte ha sido un fenómeno histórico, sin embargo, como consecuencia del reciente aumento de violencia en estos países se ha generado un aumento en la migración forzada desde dichos países a otros países. La violencia suele estar asociada con el accionar de las maras, pandillas, crimen organizado o conflictos por la tierra, pero también se registran actos de violencia perpetrados por autoridades estatales involucradas en abusos, actividades delictivas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Según las organizaciones de la sociedad civil, la impunidad se encuentra ampliamente extendida en los sistemas judiciales en estos países y la extorsión es una problemática generalizada. Las personas en situaciones de vulnerabilidad son las más afectadas por la violencia, en particular niñas, niños, mujeres y personas LGTBI. En este sentido, manifestaron que como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo en los principales países de destino de la región, tales como Estados Unidos y México, se ha venido observando un aumento dramático en el número de personas deportadas a los países del Triangulo Norte de Centroamérica. Un número importante de personas deportadas deberían ser reconocidas como refugiadas si tuviesen acceso efectivo al derecho a solicitar y recibir asilo, en el marco de un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado en que se garantice el debido proceso y la protección judicial. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil informaron que los países del Triángulo Norte no cuentan con planes integrales de protección para personas deportadas o retornadas. Las personas en su mayoría no pueden optar por el reasentamiento o la reubicación debido a que el contexto de inseguridad obliga a las personas a salir del país y en los casos en que son deportadas, las personas retornadas se encuentran con las mismas condiciones de riesgo inminente de las que huyeron. En el marco de la audiencia, una mujer trans que fue retornada a El Salvador dio su testimonio ante la CIDH. Las organizaciones también señalaron que Estados Unidos paga a El Salvador por la deportación de personas. Por otra parte, hicieron referencia al Decreto C717 de 6 de julio de 2017 de El Salvador en el cual se establece que las personas retornadas de las que se cuestionen sus vínculos criminales, serán sometidas a un control exhaustivo que incluye una declaración jurada ante la policía nacional civil y que esta podrá solicitar la presentación de la persona cada cierto día. Los solicitantes de la audiencia indicaron que las autoridades no cuentan con las capacidades para orientar e informar adecuadamente a las personas retornadas y que no hay mecanismos para identificar los casos que requieren una atención especial, como lo son los casos de niñez migrante. Finalmente, solicitaron que la CIDH de seguimiento a la crisis de refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica, que solicite información a los Estados, que inste a los Estados a crear mecanismos integrales para identificar las necesidades de protección de las personas deportadas, que inste a los Estados a compilar información y generar estadísticas en torno a personas retornadas en la región, que realice visitas y un informe específico sobre la temática de la audiencia y que exhorte a los Estados a brindar atención física y psicológica a las personas retornadas.