ASF deberá entregar información sobre presuntas irregularidades en cuentas públicas de 1998 a 201

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) deberá dar a conocer información sobre las denuncias penales que presentó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos en las cuentas públicas de 1988 a 2014, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La información deberá contener a) el número de averiguación; b) año de cuenta pública; c) número o clave de auditoría; d) entidad fiscalizada; e) fecha de presentación; f) monto económico del daño hacendario detectado; g) delitos denunciados; h) fondos federales donde se detectaron las irregularidades; i) tipo de irregularidad detectada; y j) el estado de la denuncia.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la ASF ha interpuesto, de 1998 a enero de este año, 741 denuncias por irregularidades en la administración pública federal, las cuales representan un monto de más de 41 mil 977 millones de pesos, de éstas, indicó, 636 se encuentran en integración ante el Ministerio Público, 18 en amparo y sólo hay 25 en las que se ejerció acción penal, que representan el 3.3 por ciento del total presentado.
“Algunas de estas denuncias han servido para investigar posibles delitos de corrupción que hoy sacuden a la opinión pública nacional e internacional; por ejemplo, durante las administraciones de exgobernadores estatales hoy algunos detenidos e investigados. Los casos son ampliamente difundidos en medios de comunicación y las expectativas en torno a ellos son altas”, manifestó.
Salas Suárez indicó que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y para consolidar un sistema de rendición de cuentas integral y articulado, se reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, lo cual fortalece el trabajo de la ASF y la misma reforma, señaló, contempló que la transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales para la consolidación de dicho sistema.
“Con esto, el legislador reconoció que debe privilegiarse la utilidad de la información pública como insumo fundamental para que la ciudadanía conozca cómo se administraron los recursos públicos, si se identificaron irregularidades y si se investiga y sanciona efectivamente a los responsables. La información pública también sirve para que la población colabore con las autoridades respectivas ya sea aportando datos adicionales o desde un enfoque preventivo al advertir espacios de riesgo de corrupción”, enfatizó el comisionado.